Impuesto inmobiliario rural y distribución del ingreso

por Mariano Medina
 
Hace tan solo unos pocos años, la distribución del ingreso no formaba parte de ninguna discusión política. La cosa resultaba muy sencilla: era el mercado el encargado de asignar eficientemente los recursos, sin que el Estado tenga nada que decir o hacer, salvo implementar políticas focalizadas para paliar los efectos de la inanestesiada reforma social. En los tiempos que corren, el discurso de la distribución ha ganado una legitimidad tal, que personajes impensados (e impresentables) se erigen en los paladines de la justicia social, reclamando distribuir “en serio” el ingreso. El tema ya no es solo potestad de las fuerzas progresistas y la militancia social, sino también de los representantes de las patronales que suelen atacar al actual gobierno por su “mala distribución” o la ausencia de ella.

Pero más allá de cual debe ser la mejor política o los mecanismos de distribución de los ingresos generados por toda la sociedad, es claro que las diatribas patronales dejan de lado la discusión por el origen de esos fondos. Sus reclamos por distribución quedan vaciados de contenido, puesto que de lo que finalmente se trata, es de distribuir lo que se recauda.

Veamos lo que sucede en Buenos Aires. Todos los cálculos indican que el déficit provincial rondará los 5500 millones de pesos hacia fines de este año. El concepto de “déficit fiscal” supone que el gobierno gasta más de lo que recauda. La recomendación clásica es, siempre, reducir el gasto. Sin embargo, la legislatura provincial aprobará una reforma tributaria impulsada por el actual gobernador, cuyo objetivo es aumentar la recaudación, y que contempla un cambio en el impuesto inmobiliario rural.

A nadie escapa que los precios de la tierra se han disparado de modo exponencial a partir del boom agropecuario resultante de la combinación de un dólar favorable, el incremento en la productividad, y los buenos precios internacionales de nuestros productos. En este contexto la tierra, un recurso escaso por definición, se valorizó aceleradamente. A pesar de ello, los impuestos que la gravan quedaron muy rezagados. En la provincia, cada una de las 26 millones de hectáreas en producción tributa, en promedio, unos 17 pesos al año. Analizando en detalle, por ejemplo, los productores que tienen tierras valuadas en 10.000 dólares por hectárea pagan sólo unos 50 pesos al año.

Con la reforma, se espera recaudar el próximo año la suma de 650 millones de pesos contra los 500 millones actuales. Para poner en contexto estas cifras, el impuesto inmobiliario rural representa el 1% del presupuesto 2010.

Sin embargo, los nuevos adalides de la distribución, encarnados en las patronales agropecuarias, despotricaron el martes en La Plata contra lo que consideran un “impuestazo”. Consideran que un incremento promedio de seis pesos por hectárea es “una estocada mortal para miles y miles de productores”, aún cuando quedan exceptuadas de esa imposición una cuarta parte de las tierras en producción, en compensación por los efectos de la sequía.

Este panorama muestra a las claras las dificultades a las que cualquier gobierno debe enfrentarse cuando se trata de achicar el déficit no ya reduciendo el gasto social, sino incrementando los ingresos. Para algunos, la distribución del ingreso debería quedarse allí donde es bella, en el terreno de las metáforas. La realidad es que una política tal exige afectar poderosos intereses. Y esto no ocurre sin resistencias.