por Mariano Medina
Como habíamos anticipado, la semana pasada la legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó la ley de reforma impositiva. Entre otros gravámenes afectados por la nueva ley, se espera un incremento del impuesto inmobiliario rural. Los agropecuarios nucleados en la Mesa de Enlace bonaerense no esperaron ni un día, y tras protestar con sus rostros siempre desencajados, lograron que el gobernador Scioli, hombre de rápidos reflejos cuando se trata de no confrontar con los dueños de la tierra, prometiera realizar modificaciones en algunos de los artículos de la norma.
El autodenominado “campo” considera que la nueva ley supone un “impuestazo”, porque incrementa en un 30% promedio lo que deben pagar los propietarios de las tierras más productivas del planeta. En términos absolutos, un 30% parece mucho. Sin embargo, un lápiz y un papel permiten determinar cuán poco es lo que pagan los barones de la soja.
En el año 2000, el precio de la hectárea en la localidad de Pergamino rondaba los 1600 pesos, sobre los que el fisco cobraba unos 22 pesos. En la actualidad, esa misma hectárea cuesta unos 40 mil pesos, y por ella su propietario paga unos 82 pesos al estado bonaerense. Ahora bien; mientras el valor de la tierra se multiplicó por veinticinco en nueve años, el impuesto que sobre ella se paga tan solo se cuadruplicó. Si el impuesto sobre la tierra se hubiera incrementado al mismo ritmo que su valor real, esa hectárea tributaria hoy la nada desdeñable suma de 550 pesos. Sin embargo, el nuevo y tan terrible “impuestazo” supone que la hectárea en cuestión pagará 106 pesos al año. Es decir, el impuesto seguirá sensiblemente “retrazado” con respecto al valor real de la tierra.
En caso de aplicarse estricta justicia distributiva, el nuevo impuesto inmobiliario rural no debería suponer un incremento del 30% en promedio, sino del 670%. Antes que un “impuestazo confiscatorio”, estamos en presencia de un muy pequeño, minúsculo impuestito. Aún así, los ruralistas protestan.
Como decíamos anteriormente, el gobernador Scioli consideró la revisión de la medida a implementar, apenas se hicieron sentir los bocinazos de las lustradas 4X4. A tal punto este recule es tan claro y obsceno, que el presidente de Carbap, Pedro Apaolaza afirmó horas mas tarde, que “hoy hemos logrado hacer funcionar en la provincia a sus instituciones”.
Es evidente que para el representante de la entidad que nuclea a ruralistas de Buenos Aires y La Pampa, las instituciones solo funcionan cuando obedecen mansamente a los dictados corporativos.
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