La necesidad de una nueva ley de entidades financieras

por Mariano Medina

La sanción en el Congreso de la ley de medios audiovisuales implica una reparación histórica. Se trataba de una situación ya insostenible, que prolongaba hasta nuestro presente algunos de los postulados fundacionales de la dictadura de Videla y Massera. El espectro del pasado es, aquí y ahora, saludablemente discutido. Pero la vieja ley de radiodifusión no es la única herencia legal del Proceso Militar. En los próximos días podría ser enviado al Congreso un proyecto de ley que modificaría el actual marco regulatorio del sistema financiero, vigente desde 1977. Hasta ese año, el sistema financiero argentino se encontraba fuertemente regulado por el Estado: la tasa de interés era fijada por el Banco Central; había un férreo control de cambios que impedía el ingreso y egreso de capitales especulativos, y existían una multiplicidad de cajas de crédito cooperativo que financiaban el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Con la reforma impulsada por Martínez de Hoz en 1977, la tasa de interés quedó librada al juego de la oferta y la demanda, y se desreguló el mercado de capitales, permitiendo y estimulando el ingreso de fondos especulativos; la ley del Proceso eliminó las cajas de crédito cooperativo, a la vez que habilitó la creación de entidades financieras, orientadas por el lucro rápido y sin riesgos, merced a la garantía de depósitos que rubricaba el Banco Central. Así, el Estado renunció a controlar los resortes que canalizaban el ahorro hacia la inversión productiva, alentando el juego especulativo de la valorización financiera. El ingreso de esos capitales abultó la deuda externa argentina, que pasó a condicionar de manera dramática toda la política económica futura. Finalmente, la abundancia de crédito barato para el consumo, sumado a una apertura comercial inédita, hicieron que el programa económico de Martínez de Hoz tuviera un efecto pernicioso sobre la actividad industrial. Este hermoso “paquetito financiero” nunca fue desarmado. Nos rige la misma ley que, lejos de impulsar el desarrollo, permite la ganancia fácil a unos pocos a costa del conjunto de la clase trabajadora. Las crisis de 1981, 1989, 1998 y 2001 son muestra de un sistema financiero que terminó siendo disfuncional para los intereses de la nacion. El proyecto en estudio contemplaría la creación de instrumentos que permitan reorientar el crédito hacia la producción, reforzar la facultad de intervención de las autoridades sobre la tasa de interés, y la creación de un banco de desarrollo. Valga recordar aquí que todos los casos de desarrollo nacional nos devuelven siempre la misma realidad: no hay desarrollo posible con sistemas financieros que funcionan como “casinos”. De modo análogo a la ley de medios, la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz es una deuda pendiente de la democracia que debe ser tratada sin dilaciones.