por Mariano Medina
Hace ya tiempo que se viene discutiendo la necesidad de otorgar una asignación familiar para todos los niños y jóvenes menores de 18 años. La idea es que las familias puedan afrontar los gastos de la canasta básica, de modo tal de poder “flotar” por encima de la línea de la pobreza. En general, todo el arco político apoya este tipo de propuestas. Se estima que antes del fin de esta semana, el bloque de diputados del kirchnerismo presentará un proyecto que extiende el salario familiar de 180 pesos mensuales por hijo a todos los trabajadores informales y desocupados (que hoy no lo cobran), incluyendo a los beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar, y del Familias. El fondo de la discusión no es a cuánto debería ascender esa suma de dinero, sino a quiénes debería cubrir y cómo se deberá financiar.
Es claro que el ingreso universal por hijo tiene como objetivo paliar, mediante la intervención del Estado, las deficiencias en la distribución de la riqueza generada por el conjunto de la sociedad. Si el mercado, que es el articulador de las relaciones de producción en este modelo, no es capaz de asegurar los puestos de trabajo de los padres y las madres de millones de niños que hoy sobreviven en la pobreza, entonces es el Estado quien debe garantizar el sustento de los más jóvenes.
En todo este asunto hay algo poco o nada discutido. Las políticas universales contemplan a toda la población, sin distinguir sectores o clases sociales. Por caso, los sistemas de educación y salud pública, garantizan, aun con sus falencias, derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional. En el hospital público no te preguntan cuánto ganás: simplemente te atienden. En cambio, las políticas focalizadas apuntan a un núcleo poblacional determinado que requiere una asistencia específica. Los planes sociales tienen ese carácter.
La pregunta que subyace es, ¿Por qué implementar un ingreso universal que otorgue 180 pesos tanto al hijo de la familia mas pobre del país, como a los nietos del tambero Hugo Biolcati?
Quienes proponen el ingreso universal están pensando en un modo de asignación que llegue a todos, y que no sea susceptible de ser “manejado” clientelísticamente. Pero por evitar esa asignación discrecional, caeremos en la falacia de subsidiar a todos, millonarios e indigentes. Esa mejora relativa de los ingresos podría licuarse rápidamente por un aumento sostenido de los productos lácteos, cárnicos o de los útiles escolares. Es probable que, a mayor capacidad de compra del salario, nuestros empresarios no duden en incrementar el valor los bienes de la canasta básica, habida cuenta de las falencias en los mecanismos públicos para controlar los precios. En ese punto, el ingreso universal terminará siendo transferido al capital, sumergiendo nuevamente a los niños debajo de una línea de pobreza de la que se los pretendía rescatar.
Finalmente, la única política universal efectiva es, en el largo plazo, el pleno empleo. Y el Estado tiene mecanismos para regular e intervenir en el mercado de trabajo.
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