Voz y voto

por Marcelo De Angelis

Si en un sistema democrático el voto es la voz del Pueblo, en Latinoamérica los pueblos acaban de expresarse nuevamente a favor de un proceso de cambio que rechaza el modelo colonial neoliberal.

En Uruguay, el “Pepe” Mujica fue elegido Presidente por amplia mayoría, ratificando así el rumbo político iniciado por el Gobierno de Tabaré Vázquez y la voluntad de profundizarlo.

En Honduras, entre el 65 y el 70 por ciento de los votantes se abstuvo de participar de las elecciones fraudulentas impulsadas por el gobierno dictatorial, avaladas desde Washington para legitimar el golpe de Estado.

En Bolivia, hasta los opositores más recalcitrantes reconocen que Evo Morales volverá a ser Presidente luego de los próximos comicios del 6 de diciembre.

Hasta ahora, toda la maquinaria de propaganda del establishment corporativo ha demostrado impotencia para volver a seducir a los pueblos de la región con su canto de sirenas, por lo cual van endureciendo cada vez más su bajada de línea, rompiendo todos los límites éticos en materia de comunicación mediática.

El recurso de la violencia

El conflicto con “el campo” por las retenciones a la soja marcó una etapa sin retorno para el Gobierno nacional, iniciando -en parte por decisión estratégica y en parte por lo inevitable de la disputa- el camino de la autonomía del Estado con respecto al poder de las corporaciones. Desde entonces, en cada confrontación ya no estuvo en juego tal o cual medida, sino todo un modelo de país.

Detrás de los intereses de los empresarios del agro representados por la Mesa de Enlace, aparecieron algunos de los verdaderos dueños de la Argentina, como las corporaciones mediáticas, que desde ese momento comenzaron a recibir varios golpes por parte del Gobierno.

La Resolución 125 cayó gracias al fiel Cleto, pero las retenciones siguieron vigentes. Luego fue el fin de las AFJPs, en las que algunos de esos grupos tenían fuertes intereses. Más tarde el fin del contrato leonino con la AFA, la sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ahora la investigación en Papel Prensa.

Todo esto a pesar del resultado de las elecciones legislativas, cuando se frotaban las manos pensando en una suerte de gobierno paralelo, con un oficialismo derrotado y sumiso. Hubo dos lecturas de la voz y el voto popular. Mientras el establishment interpretó la necesidad de cambio expresada en las urnas como cambio de rumbo político, el Gobierno lo interpretó como profundización de aquellas direcciones que se habían enunciado pero que no se habían concretado.

Viendo cómo el triunfo en los comicios se les escurría entre los dedos, las corporaciones siguieron intentando acorralar al oficialismo imponiendo agenda mediática. Conocedores de las deficiencias del Gobierno apuntaron a la pobreza pero, después de los anuncios del Plan “Argentina Trabaja” y de la Asignación Universal por Hijo, sólo les va quedando la carta de la violencia, apostando por la inseguridad y la conflictividad social.

Multiplicando la furia

Desde su unitarismo mediático, las corporaciones de la comunicación se empeñan en darle dimensión nacional a un fenómeno que está netamente focalizado en el área metropolitana. Sin ningún tipo de abordaje serio sobre el problema de los robos seguidos de muerte, se han lanzado a demonizar a los menores de edad, convenciendo a varios sectores de que estamos ante una nueva amenaza social, e instalando en el imaginario colectivo de los más influenciables que “nos van a matar a todos”. La estrategia también funciona sobre los dirigentes políticos más sensibles a la presión mediática y preocupados por su imagen ante el poder corporativo, que hacen suyo este reclamo de descargar la fuerza represiva del Estado sobre el eslabón más débil de la cadena delictiva, otorgándole más poder de fuego a “la mejor policía del mundo”. Nadie se pregunta quién pone las armas en las manos de los pibes delincuentes, a dónde van a parar los productos de esos robos, quiénes los terminan comprando, y quiénes regentean esos negocios delictivos.

¿Por qué la Policía es tan inútil para prevenir el delito, pero es tan eficaz para detectar y capturar rápidamente a los autores de los asesinatos en los casos más mediatizados?

La estrategia es tan simple como perversa: darle mayor poder territorial a la Policía, garantizando algunos negocios y cierto status quo social. Hace falta construir, entonces, el reclamo social que le dé el consenso necesario y presione a las instituciones para conseguir la legalidad del nuevo orden represivo. Para eso están los medios masivos de comunicación, amplificando y repitiendo incansablemente el mensaje, dándole cámara y micrófono a víctimas, abogados mediáticos y estrellas de la farándula, en un combo donde se mezclan el resentimiento ideológico y los reclamos de clase, todos apuntando a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“La basura que ella protege no es gente, está dándole más plata para que sigan siendo vagos. A esa gente hay que matarla, hay que bajarla”, se encargó de repetir el padre de la docente asesinada en Presidente Derqui.

La esposa de un heladero asesinado durante un asalto en Morón, ante las cámaras de Crónica TV, descargó su furia contra Cristina y directamente amenazó con matarla. “Ahora está en el Vaticano, esa zurda, anti Iglesia, ¿de qué se la da ahora? Yo personalmente me voy a encargar de esa mierda. El dolor va a seguir, pero yo me voy a descargar con ella, esto me lo voy a cobrar”.

La constante es presentar a familiares, amigos y vecinos de víctimas diciendo barbaridades, insultando, retorciéndose de dolor, pidiendo “que alguien haga algo”. Los crímenes no son una sensación, pero el miedo social sí lo es, y los medios se encargan de alimentarlo permanentemente.

Furia y dolor es lo que transmiten los mercaderes de la información, y un solo reclamo: mayor poder represivo en manos de la Policía.

Para quien la quiera ver, la puesta en escena es evidente. En su programa de los domingos, después de una entrevista al padre de la docente, Luis Majul consultó al mediático abogado Fernando Burlando, recordado como ex defensor de la banda de los Horneros en la causa por el asesinato de José Luis Cabezas, y también por haber sido procesado por extorsión a la familia de un detenido al que se le habían secuestrado 30 kilos de marihuana.

Burlando, sin furia ni dolor, no tuvo reparo en decir que “hay pibes que no tienen solución, y a esos pibes lamentablemente hay que silenciarlos”. Para este abogado con aspiraciones presidenciales, “entre un inocente muerto y un delincuente muerto, matemos a todos los delincuentes. No hay opción”.

Por una nueva crisis

Casi en simultáneo, dos personajes vivieron su relanzamiento mediático en las últimas semanas: Eduardo Duhalde y Raúl Castells. En el mundo de los movimientos sociales señalan que el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) suele operar para quien fuera Presidente cuando la bonaerense asesinó a Kosteki y Santillán. Alejado ya del caño de Tinelli, el barbado dirigente ahora se presenta como la voz piquetera para una reedición de “La crisis causó dos nuevas muertes”. Mientras monta su circo mediático tomando un supermercado y pidiendo elecciones anticipadas, Duhalde rearma su poder territorial en el conurbano bonaerense, y hace un esfuerzo por recomponer su imagen ante algunos factores de poder internacional y presentarse como garante de la transición luego del anunciado cataclismo institucional.

No son muy originales en su propuesta, pero si ya les funcionó en el 2001, ¿por qué no habría de funcionar en el 2010? La fórmula ya es conocida: desborde social, algunos saqueos a supermercados, conflictos callejeros, sensación de vacío de poder. Con una adecuada cobertura mediática, se crea el clima perfecto para un nuevo golpe palaciego.

La diferencia es que al frente del Gobierno ya no están los temerosos radicales, y al oficialismo no parecen intimidarlo estas maniobras. Dispuesto a mantener la iniciativa y el poder de mando, ante la amenaza permanente de la futura oposición legislativa, ya ha mostrado la carta del veto.

Para el Pueblo lo que es del Pueblo

La continuidad institucional está en riesgo. La novedad es que ya no por la amenaza militar, sino por fuerzas que deberían sostener la democracia y sin embargo apuestan al golpismo. En Honduras se puso en práctica una nueva forma destituyente, que no se viste de fajina sino que se disfraza de formalidad democrática, avalada por el Gobierno de Barack Obama pero repudiada por una amplia mayoría del pueblo hondureño que se negó a participar de unas elecciones fraudulentas e ilegítimas.

Como contrapartida, en Uruguay la continuidad democrática reafirma la voluntad de alejarse cada vez más del modelo colonial neoliberal impulsado desde Washington.

En definitiva, dos muestras claras de que los pueblos latinoamericanos rechazan que el poder de decisión siga en manos de las élites corporativas, y de a poco van recuperando la voz y el voto.