"Las politicas neoliberales siguen agravando la crisis provincial"

Declaración de la Confederación General de Trabajo

Delegación Regional Córdoba

28/12/09

Ante algunas recientes decisiones del Gobierno de la Provincia, referidas a la situación de la Caja de Jubilaciones y la relación con el Gobierno Nacional, que siguen acentuando el sesgo neoliberal y contrario a los intereses de los trabajadores de la gestión Schiaretti, la CGT Regional Córdoba expresa ante la opinión pública:

-La ley aprobada por la mayoría oficialista de la Legislatura, a propuesta del Ejecutivo Provincial, que avala la supuesta emergencia previsional y el pago de parte de los haberes más altos con bonos, insiste en criterios que ya fueron rechazados por la máxima instancia judicial del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En efecto, permitir los recortes y pago con bonos a partir del 82 por ciento del sueldo líquido, es reiterar el criterio del Decreto 1777 de la gestión Mestre, que fue finalmente declarado nulo por la Corte Suprema.

-La ley se ha basado en un fallo del Tribunal Superior de Justicia que no está firme, porque todavía queda esa instancia de apelación. Por otra parte, es insólita e inédita esta distinción entre salario bruto y salario líquido que ha creado el Tribunal Superior. Siempre se ha considerado a los aportes a la seguridad social como parte del salario, por lo que el 82 por ciento móvil se calculó siempre sobre la totalidad del sueldo. Tampoco está claro en el propio fallo que se autorice a exigir retroactivamente la devolución de lo ya pagado en efectivo a los pasivos que se vieron beneficiados con amparos.

Más industria del juicio

-Todo ello subraya claramente la debilidad jurídica de esta ley, lo que dará lugar a nuevos juicios. La consecuencia es que mientras engorda la industria del juicio, los gobiernos pasan, pero los juicios perdidos –como viene ocurriendo sistemáticamente – los deberá pagar la Caja de Jubilaciones, con recursos que provienen de aportes de los trabajadores, empeorando la situación financiera del organismo y dejando comprometida gravemente su situación a futuro.

-No podemos menos de preguntarnos si este extraño criterio del 82 por ciento del sueldo líquido –el mínimo de haber jubilatorio que tendría supuesto respaldo constitucional- no apunta finalmente a justificar un recorte generalizado de jubilaciones para el futuro, aplicando ese criterio a todos los haberes. Es decir, profundizando el ajuste neoliberal sobre asalariados y jubilados.

Políticas unilaterales sin consenso

-Lamentablemente, el gobierno de la Provincia insiste en tratar de resolver el problema de la Caja –de la mayor trascendencia política y que compromete a varias generaciones – sin una política de Estado que implique el consenso con los partidos de oposición y los Gremios aportantes. Sigue tomando decisiones unilaterales con recursos que son de los trabajadores, mientras no ha podido explicar aun que destino tuvieron los 2.000 millones de pesos de aportes salariales que conformaron el desaparecido Fondo Complementario

-En tanto, la Caja de Jubilaciones lleva 14 años de intervención –en algunos períodos sin sustento legal- y se toman decisiones gravísimas sin la participación de sus legítimos dueños, los trabajadores y jubilados estatales, quienes no son responsables, por ejemplo, de los más de 20.000 retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas que vaciaron de aportantes a la Caja.

Promesas incumplidas

-Prueba del fracaso de estas políticas es también que ha quedado en la nada la promesa –una vez más – del gobernador Schiaretti de levantar la emergencia previsional apenas se llegase a un acuerdo con la Nación para financiar la Caja de Jubilaciones. Ahora llegaron los fondos del 2009, se va a firmar un nuevo acuerdo de ayuda de parte de la Nación por otros dos años, pero simultáneamente se hace aprobar esta ley que cristaliza la emergencia y los recortes de haberes jubilatorios.

-Tampoco creemos que esté definitivamente descartada la intención de emitir bonos cuasimoneda, porque no está superada la grave situación de endeudamiento de la Provincia. Sigue latente el riesgo de que una vez más, se paguen salarios con esa herramienta de especulación, cuyos costos lo pagan indefectiblemente los sectores populares. Repudiamos, además, la permanente actitud de chantaje del gobierno provincial hacia los trabajadores y jubilados, manteniendo la eterna amenaza de los bonos.

La verdadera razón de la situación financiera de la Provincia

-La deuda de la Provincia no es responsabilidad de los trabajadores cordobeses. Tampoco es culpa del gobierno nacional, como quiere hacer creer la Provincia, porque el Programa de Asistencia Financiera y el convenio para subsidiar el déficit de la Caja, no se refieren a deudas de la Nación con Córdoba, sino que son ayudas de la Nación para que la Provincia pueda pagar su deuda (la mayor parte de la cual es con la propia Nación). Esta ayuda puede demorarse, pero finalmente llega, como ha quedado demostrado ahora.

-La verdadera razón del endeudamiento de Córdoba, obedece a una política impositiva socialmente regresiva, con rebajas de impuestos, subsidios, no revalúo del impuesto inmobiliario rural, que restan recursos al Estado, benefician a las multinacionales y los sectores concentrados de la economía, particularmente el agroexportador, y sobre todo el sojero, que luego devienen en ajustes que recaen sobre las espaldas de trabajadores y jubilados.

-De la misma forma, la ausencia de planificación y de políticas de Estado tendientes a resguardar los recursos naturales de la provincia, los ha dejado en manos de la avaricia irracional del modelo sojero, con graves consecuencias, lo que lleva profunda preocupación a otros sectores productivos

No a la judicialización de la protesta gremial y social

-Finalmente, advertimos sobre las consecuencias que tendrá esta política del gobierno provincial para la paz social que todos anhelamos. Esa paz no se logrará judicializando la protesta gremial y social, como se intenta con los juicios llevados adelante contra afiliados a Luz y Fuerza y el SUOEM, ni invadiendo una sede sindical y deteniendo a dirigentes gremiales sin orden judicial, como ocurrió con el SIPOS. La judicialización es una expresión de las campañas antisindicales llevadas adelante por los medios monopólicos de comunicación y por sectores políticos y empresarios interesados en situar en un falso plano jurídico lo que es parte de la lucha social para evitar la pérdida de derechos.

-El modelo sindical que mantiene unidos y organizados a los trabajadores en los sindicatos y en la CGT, rechaza los nuevos intentos por frenar las expresiones de lucha y se solidariza con los compañeros que mantienen conflictos en defensa de sus intereses.

Volver a los principios del movimiento popular

-En este marco, esta CGT Regional Córdoba entiende que el gobierno provincial debe abandonar su actitud errática y oscilante, inclinada en beneficio de los sectores concentrados del poder económico y funcional a una oposición al gobierno nacional que no explicita proyectos para enriquecer el debate democrático, sino que ha asumido una actitud destituyente apareciendo como vocera de los intereses de los grupos económicos.

-El gobierno de la provincia debe adoptar políticas públicas en resguardo de los derechos sociales elementales, como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo con dignidad, la cultura y la defensa del medio ambiente, volviendo a los principios del movimiento popular al que dice pertenecer.

Córdoba, 28 de Diciembre de 2009

Augusto Varas. Sec. General CGT Córdoba

Juan V. Leyría.Sec. General CGT Córdoba

Carmen Nebreda.Sec. General CGT Córdoba

Enviado por Encuentro Nacional y Popular