La disputa por la nueva norma se juega en Mendoza, donde cuatro magistrados de la Cámara de Apelaciones fueron recusados por el diputado Jorge Alvaro a partir de denuncias de organismos de derechos humanos. “No voy a permitir que jueces que hicieron la vista gorda a las torturas y asesinatos de compañeros juzguen un tema que tiene mucho que ver con las corporaciones y el poder real”, dijo a P&M el legislador.Desde el fallo de la jueza Olga Pura de Arrabal, que suspendió la ley de medios a partir de una medida cautelar del diputado cobista Enrique Thomas, la disputa por la aplicación de la norma se juega en Mendoza, sede del grupo Vila-Manzano.
Ahora es el turno de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia que deberá resolver las apelaciones del Estado Nacional y del diputado de la Concertación Jorge Álvaro, quién además recusó a la Cámara por denuncias de organismos de derechos humanos hacia cuatro de los jueces que habrían participado en la dictadura.
El diputado explicó a Política&Medios que su apelación a la Cámara se debe a que la jueza Pura de Arrabal lo admitió como parte en la causa “pero no me reconoció legitimidad para defender a la Cámara de Diputados”.
“El jueves pasado me presenté en queja en la Cámara de Apelaciones, fundamentando que si tengo entidad para ser parte de una causa, tengo entidad para toda la causa. Además, recusé a la Cámara, porque los integrante están denunciados por organismos de derechos humanos por su pasividad en delitos de lesa humanidad. En mi condición de damnificado por la dictadura, ya que estuve detenido 8 años y medio en La Plata, Sierra Chica, Coronda y Rawson”, resumió Álvaro.
Los jueces recusados, Otilio Romano, Julio Petra, López Cuitiño y Luis Miret, han dejado en libertad a todos los represores que están siendo juzgados en las provincias de Mendoza y San Luís.
Sobre esto, Alvaro señaló que “los camaristas, salvo uno, fueron funcionarios judiciales durante la dictadura, de los que omitían las denuncias por torturas y desapariciones. En Mendoza hay 200 desaparecidos, y en los juicios y causas, no hay ni una sola prisión preventiva para ningún represor”.
“Luis Miret, además, es íntimo amigo del general Teófilo Saa, que fue el jefe del ejército que operó acá en el año 76 y está acusado de varias desapariciones en las dos provincias”, agregó.
Por otro lado, indicó que Julio Petra “hace poco sacó un fallo a favor del grupo Vila, en la causa contra el Estado Nacional y la Universidad Nacional de Cuyo por usurpación de 33 hectáreas de terreno para hacer la ampliación de un barrio privado”.
“No voy a permitir que jueces que hicieron la vista gorda a las torturas y asesinato de compañeros míos juzguen un tema que tiene mucho que ver con las corporaciones y el poder real. Hay una matriz corporativa en todo, muy antigua, y la ley se va a seguir embarrando”, sentenció.
El diputado de la Concertación se refirió además a la medida cautelar introducida por Thomas y a la jueza Olga de Arrabal.
Consideró que los argumentos del legislador cobista “tienen que ver con el reglamento de la Cámara de Diputados, pero no con la Justicia. Por que él muy lateralmente objeta la ley, pero sus argumentos principales son reglamentaristas”, y aseguró que “si no fuera por la jueza, esto era una anécdota muy menor”.
También indicó que Olga Pura de Arrabal “tuvo más pretensión mediática que jurídica” ya que “el fallo cautelar se publicó primero en el diario Los Andes (del grupo Clarín), se publicitó, antes de seguir los pasos de rigor que estipula la Justicia, que es notificar al Estado Nacional”. (Politica&Medios)
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